reconocen labor humanitaria de Panamá y Costa Rica para el retorno de nicaragüenses y aplazan al gobierno de Ortega.

 Centenares de nicaragüenses han sido abandonados por la administración de Daniel Ortega en Panamá, al impedir su ingreso a territorio nacional.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) destacaron la labor que desarrollaron los gobiernos de Panamá y Costa Rica para que mas de 300 nicaragüenses que quedaron en situación de vulnerabilidad retornaran a su país de origen.

Un centenar nicaragüenses permanecio varado desde el pasado 7 de enero, después que perdieran sus medios económicos de vida a causa de la pandemia del Covid-19, y pese a que solicitaron el apoyo de las autoridades de Nicaragua en Panamá, estos ni siquiera los recibieron.

La administración de Daniel Ortega prohibió desde el mes de julio del 2020 el ingreso de connacionales y extranjeros a territorio nacional que no presentaran la prueba negativo de COVID-19 tipo PCR.

Incluso, cerró las fronteras tanto del norte como del sur, dejando a centenares de nicaragüenses en condiciones de vulnerabilidad. 

Sin embargo, la presión internacional obligó que diera el ingreso escalonado de nicaragüenses varados en Panamá.

“La CIDH y la OACNUDH saludan las acciones implementadas por los gobiernos de Panamá y Costa Rica que permitieron el retorno de más de 300 ciudadanos nicaragüenses que se encontraban en Panamá a la espera de la autorización por parte de las autoridades Nicaraguenses para retornar a su país de origen”, señalaron ambos organismos en un comunicado.

Ante la negativa del régimen de Daniel Ortega, de proveer las pruebas PCR para los nicaragüenses, el gobierno de Panamá financió el acceso a las pruebas a 129 personas, que fueron dejados abandonados por su gobierno en el puesto fronterizo de Paso Canoas, que divide a Panamá de Costa Rica.

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y NO REPETICIÓN.

Tanto la CIDH como la OACNUDH “resaltan la necesidad de buscar estrategias de prevención y no repetición, a través de la adopción de leyes, políticas y prácticas que aseguren la protección de los derechos humanos de todas las personas en su territorio y bajo su jurisdicción, independientemente de su condición migratoria”.

El último grupo de nicaragüenses retornó al país el pasado 11 de febrero, de los cuales cinco de ellos dieron positivos a Covid-19, los que fueron puesto en cuarentena obligatoria en Panamá y bajo supervisión médica.

Asimismo, la CIDH y la OACNUDH demandaron el respeto al principio de igualdad y no discriminación, y el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el que se establece que los Estados deben de garantizar el derecho a regresar a las personas migrantes a su país.

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“En este contexto, la Comisión y la Oficina Regional llaman a los países concernidos a promover y adoptar estrategias para la articulación y cooperación, intercambio de información y apoyo logístico para permitir el tránsito de estas personas y asegurar su retorno a Nicaragua de manera segura, digna y voluntaria”, señala el comunicado.

Las dos organizaciones hicieron un llamado a la administración de Daniel Ortega para permitir “el retorno e ingreso de sus nacionales a su territorio de modo digno, seguro y voluntario, garantizando que la aplicación de protocolos sanitarios en el contexto de la pandemia priorice la protección a la vida, integridad y salud de las personas”.